El nuevo megaproyecto de EPM

Construir confianza es lento y difícil; derrumbarla, por el contrario, rápido y fácil. Es por eso que la transparencia, la comunicación oportuna y el respeto por las reglas de juego establecidas son primordiales: si se mina la confianza se comienza a resquebrajar el capital social que esta ciudad ha construido a lo largo de los años y que ha puesto a Medellín como ejemplo de gobernabilidad.

En el necesario debate sobre el presente de EPM asistimos a un enfrentamiento de intereses políticos y económicos, a menudo disfrazados de amor a la empresa y a la ciudad. En un lado encontramos una satanización generalizada de los empresarios de la ciudad; en el otro, un revanchismo propio de quienes no alcanzaron sus objetivos en las últimas elecciones locales y, por debajo, los intereses de algunos caciques locales o nacionales que han perdido reputación, pero no ambición. Se cumple así, infortunadamente, un vaticinio que lancé durante la pasada contiendo electoral: la llegada a Medellín de las taras y vicios del debate político nacional.

Me rehúso a adoptar esos discursos reduccionistas. Me niego a creer, por ejemplo (como se infiere en el discurso oficialista), que el empresariado paisa en pleno se puso de acuerdo para, desde la junta directiva de EPM, proteger sus intereses particulares por encima de los de la empresa.

Desconocer la trayectoria y la honorabilidad de personas como Azucena Restrepo u Oswaldo Gómez o ignorar las preocupaciones de entidades como Proantioquia o la Cámara de Comercio de Medellín demuestra, en el mejor de los casos, un ingenuo adanismo y, en el peor de los casos, un desprecio por los procesos que han permitido el crecimiento de nuestra ciudad.

De igual forma, tampoco puedo apoyar el facilismo con el que muchos reducen las actuaciones del actual alcalde a un supuesto “izquierdismo” que debe ser erradicado a toda costa.

En ambos casos se pone en riesgo un logro histórico de la ciudad: la construcción de un modelo de gobernanza que, a partir de un trabajo articulado entre el sector público, la sociedad civil, el sector privado y la academia, se convirtió en la principal herramienta de la sociedad medellinense para superar el período más crítico y oscuro de nuestra historia, y así devolverle la esperanza en el futuro y la confianza en las instituciones.

El problema central en la crisis desatada por la renuncia de la junta directiva de EPM en pleno no está, pues, en la acción jurídica emprendida contra algunas empresas partícipes del proyecto Hidroituango (la cual era necesaria, aun cuando los riesgos derivados sean grandes), tampoco está en la propuesta de ampliación del objeto social de la empresa (discusión interesante y oportuna que debe darse de cara a la ciudadanía y el Concejo).

El problema central está en la pérdida de confianza entre los actores de la gobernanza, en la ruptura de prácticas de gobierno corporativo que han sido construidas y concertadas durante años, en el nocivo enfrentamiento entre sectores que necesitamos para seguir avanzando como sociedad. Esta crisis de confianza, como vemos ya en los casos de EPM, Ruta N y Sapiencia, se extenderá en nuestra ciudad con consecuencias insospechadas.

Requerimos diálogo, sensatez y claridad. El voluntarismo del señor alcalde Daniel Quintero no puede pasar por encima de las buenas prácticas institucionales. Su idea de innovación no debe basarse en la destrucción o el desconocimiento de los procesos que hemos construido durante tres décadas; su manejo de la información debe ser mejor: si había identificado conflictos de interés entre algunos miembros de la junta directiva debió actuar antes y hacerlo saber a los ciudadanos.

Igualmente, el oficio de los opositores (necesarios, por supuesto), debe trascender el revanchismo, los cálculos electorales y los intereses privados que hoy se hacen evidentes.

La conformación de una nueva junta directiva para EPM, así como para Ruta N., es una oportunidad única para que la actual administración demuestre un talante incluyente y transparente, una ocasión para que en ella se vean representados los intereses, no sólo de la empresa, sino también de la sociedad.

Se trata de un momento para dejar claro cuál es el norte de la empresa pública más preciada por los antioqueños. Espero que esta oportunidad no se dilapide por mezquindades o intereses opacos.

Empresas Públicas de Medellín debe reconstruir la confianza; para ello debe garantizar transparencia en sus procesos y nombramientos, empezar una nueva era de relacionamiento con la ciudadanía a través de una veeduría que le ofrezca tranquilidad a los medellinenses y legitimidad a sus directivos. Este debe ser su Megaproyecto actual, y es más ambicioso que el propio Hidroituango. Desde el Concejo de Medellín seguiré velando por ello.

Daniel Carvalho Mejía

Concejal de Medellín

13/08/2020